Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres

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Proyectos

En todo el país siguen muriendo mujeres en el silencio más ensordecedor y son millones las que continúan sufriendo las más diversas expresiones de la violencia. Solamente en el año 2014 más de 21 mil mujeres en el país denunciaron ser víctimas de situaciones de violencia. Una cifra escalofriante si tenemos en cuenta que quienes hacen la denuncia son apenas unas pocas de las muchas que también son víctimas de distintas formas de violencia misógina y que ni siquiera pueden o se atreven a denunciar su situación, porque saben que en la mayoría de los casos su palabra no es escuchada, es desestimada o directamente, se las revictimiza, achacándoles la culpabilidad por aquellos actos perpetrados por sus victimarios. Por eso destacamos que a pesar de la lucha del movimiento de mujeres, que ha permitido conquistar derechos impensados hasta hace sólo algunas décadas, la llamada violencia de género alcanza en Argentina datos alarmantes, que demuestran que la responsabilidad del Estado, así como de sus instituciones, no comienza ni termina con la sanción de una ley. Sin mencionar las estadísticas sobre los femicidios registrados, y sólo a modo de ilustrar este planteo, señalamos que a pesar de los derechos conquistados una joven menor de 19 años se convierte en madre cada 5 minutos y sólo uno/a de cada cinco adolescentes conoce en Argentina la existencia de la ley de Educación Sexual Integral, mientras más de 300 mujeres mueren cada año por la clandestinidad y la criminalización del aborto y al menos 600 mujeres y niñas continúan desaparecidas-sólo en la última década- a manos de las redes de trata para la explotación sexual.

Es evidente entonces que esta situación estructural que alcanza a millones de mujeres en Argentina, constituye al mismo tiempo una innegable base material sobre la que se extiende y profundiza la violencia contra las mujeres, afectando especialmente a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica como la descripta. Los femicidios –esa última expresión letal del machismo perpetrado por un hombre contra una mujer a la que considera un objeto de su propiedad, para disponer de su vida y su muerte- son sólo el último eslabón de una larga cadena de violencias contra las mujeres que se origina en las sociedades de clases y se legitima y reproduce permanentemente desde el Estado y sus instituciones, la jerarquía de la Iglesia y sus políticos aliados, y los medios masivos de comunicación, que perpetúan los mandatos sociales de la subordinación de las mujeres y mantienen un régimen social que también se alimenta de esta opresión.

Consideramos que sólo la fuerza organizada de lucha de centenares de miles de mujeres y el pueblo trabajador en su conjunto puede acabar con este régimen social en el que se originan los padecimientos inauditos de las clases explotadas y los sectores oprimidos, como las mujeres.

Ponemos a disposición del movimiento que hoy reclama medidas urgentes un proyecto que contempla de manera integral las acciones mínimas, inmediatas y transitorias que permitan, al menos, ser un paliativo para tanto sufrimiento.

  • Régimen de subsidios

    cobrando el mismo salario que hoy percibe cualquier trabajador o trabajadora “Nivel D” de la Administración Pública Nacional, durante el tiempo en que las mujeres víctimas de violencia se encuentren fuera de sus lugares de residencia y/o hasta tanto consigan insertarse o reinsertarse laboralmente.

  • Creación de refugios transitorios y plan de vivienda a corto plazo

    basado en impuestos progresivos a las grandes fortunas y corporaciones inmobiliarias; como también créditos a tasa cero del Banco Nación, para que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a una vivienda única y familiar.

  • Régimen de licencias laborales

    garantizando a las trabajadoras la percepción de la totalidad de su salario, así como de todos sus derechos sociales.

  • Creación de un régimen de licencias y pases educativos

    orientado a las estudiantes de todos los niveles que sean víctimas de violencia, para que tengan derecho a licencias en la cursada presencial y puedan acceder a continuar sus estudios bajo la asistencia de educadoras y educadores a domicilio.

  • Equipos interdisciplinarios

    de acceso gratuito e inmediato para el asesoramiento y la intervención, especializados en la prevención, atención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia. El Estado Nacional deberá garantizar todos los medios necesarios para la promoción de campañas de difusión masivas de este Plan Nacional de Emergencia en Violencia contra las Mujeres.